La contratación de empresas especializadas en la recuperación de inmuebles ocupados se ha convertido en una opción a la que recurren muchos propietarios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el servicio ofrecido no se corresponde con lo finalmente realizado o cuando, después de firmar, comienzan a exigirse cantidades adicionales no previstas inicialmente?
En estos supuestos resulta fundamental analizar detenidamente el contrato, la información facilitada antes de su firma y todas las comunicaciones posteriores.
Un caso especialmente relevante es aquel en el que se ofrece al propietario un servicio por un precio determinado y, una vez firmado el contrato y abonada la cantidad inicial, comienzan a solicitarse nuevos pagos bajo la advertencia de que, de no efectuarlos, el servicio será paralizado y las cantidades ya abonadas no serán reembolsadas.
Si estos pagos adicionales no fueron informados previamente de forma clara, pueden plantearse distintas cuestiones jurídicas: la posible falta de transparencia en las condiciones económicas, un eventual incumplimiento contractual o, dependiendo de las circunstancias concretas, la existencia de un vicio del consentimiento.
Además, si la contratación hubiera estado condicionada por manifestaciones que posteriormente se demostraran falsas y existieran indicios de un engaño previo destinado a obtener un beneficio económico, también podría resultar necesario valorar la posible relevancia penal de los hechos. No obstante, no todo incumplimiento contractual constituye una estafa: para ello deben concurrir los requisitos exigidos por la legislación penal y acreditarse un engaño bastante y una finalidad defraudatoria.
Desde el punto de vista civil, también puede estudiarse la resolución del contrato y la restitución de las cantidades abonadas cuando exista un incumplimiento esencial de las obligaciones asumidas. En función del caso, podrían reclamarse asimismo los daños y perjuicios que hayan sido efectivamente ocasionados y puedan acreditarse.
La ausencia de facturas, justificantes de los pagos o documentación relativa a servicios subcontratados constituye igualmente una circunstancia que debe analizarse, tanto desde la perspectiva contractual como desde la normativa de protección de consumidores y las obligaciones legales de facturación.
Por ello, ante una situación de este tipo, recomendamos conservar el contrato, presupuestos, transferencias, recibos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y cualquier otra comunicación mantenida con la empresa.
En ARP Servicios Jurídicos analizamos cada caso de forma individual para determinar qué acciones pueden ejercitarse y cuál es la vía más adecuada para defender los derechos del propietario.
